A juicio del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-Ucab), las autoridades venezolanas deben acatar las recomendaciones registradas en el informe de conclusiones del Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas, para garantizar el respeto a los derechos fundamentales en el país.
Tras ocho años de mora, finalmente el Estado se presentó para ser evaluado por el organismo de la ONU. El resultado fue preocupación, alarma y consternación por la situación de los derechos humanos en Venezuela.
“El Comité es muy fuerte esta vez porque, a pesar de todos los avances en la legislación reconocidos por Naciones Unidas en el último examen, en 2002, hoy se evidencia que hay una brecha enorme entre esas normas y la realidad. Han empeorado los casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en Venezuela, y el Comité lo reconoce y por eso muestra su preocupación”, aseguró la directora del CDH-Ucab, Ligia Bolívar.
La investigadora recordó que el Gobierno está obligado a acatar las recomendaciones del Comité Contra la Tortura, al haberse comprometido a cumplir con la Convención. “En el fondo de lo que estamos hablando es de falta de voluntad política, porque se tienen las leyes, pero no se ponen en práctica para garantizar el respeto a los derechos humanos”, consideró.
Bolívar destacó que el Comité estableció el 28 de noviembre de 2015 como fecha límite para que el Estado rinda cuentas sobre el avance en el cumplimiento de las recomendaciones, entre ellas: reforzar las salvaguardias para las personas privadas de libertad; llevar a cabo investigaciones prontas, imparciales y eficaces sobre todas las alegaciones de tortura y de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del orden y grupos armados pro-gobierno; y, enjuiciar a los sospechosos y castigar a los culpables de estos actos.
“El informe de conclusiones del Comité debe ser tomado por las autoridades como una oportunidad para profundizar en esta adecuación sin posturas defensivas, y constituye una herramienta de seguimiento para que la sociedad civil vigile los avances en la lucha contra la impunidad”, señaló.
En este sentido, reiteró el compromiso del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica en continuar documentando y denunciando los casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes que ocurran en el país en el marco de manifestaciones, y brindar apoyo a las víctimas.
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Fuente: pamela
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