Foto cortesía: Telesur
El presidente de la república Nicolás Maduro, el pasado 13 de mayo decretó el estado de excepción y de emergencia económica; esta vez a nivel nacional por 60 días. Con la finalidad de atender la economía y salvaguardar al país.
Luego de firmar el decreto de excepción en la zonas fronterizas, el Presidente lo renovó, pero esta vez en todo el territorio. Sin embargo en la actualidad y con los diferentes problemas que vive Venezuela, son muy pocos los ciudadanos que están informados sobre los decretos o leyes que se promulgan.
El estado de excepción se aplica en circunstancias extraordinarias que afecten la seguridad de la nación, de las personas; también restringe las garantías constitucionales. Según declaraciones oficiales del mandatario nacional este decreto “tiene como objetivo poner a funcionar mecanismos extraordinarios para salvaguardar la paz, y el buen funcionamiento de las actividades económicas y militares”.
En una encuesta realizada, el 70% de la población expresó que no sabe en qué consiste el estado de excepción ni los temas que aborda.
Este estado le da la potestad al Presidente para tomar medidas especiales, amplio poderes para ejercer expropiaciones y la seguridad, así como entre los puntos más importantes se presta para la malversación de fondos y la corrupción. ¿Por qué? En todos los ministerios, órganos o entes de la administración pública existen comité de licitaciones, que evalúan económica y legalmente las ofertas que presentan empresas para que contraten sus bienes o servicios.
Con este decreto se deja a un lado todas esas reglas que garantizan la transparencia en los procesos y se cae en la “adjudicación directa” con el fin de solventar la emergencia económica con menos burocracia. Por lo tanto que mediante este decreto autoridades tengan la facultad de adjudicar contratos son decisiones que alimentan la corrupción.
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Para Germán Aponte politólogo; asegura que la corrupción se da por parte de los funcionarios que dirigen algún órgano, acotando que en el país son muy poco juzgados los casos de este tipo puesto a que existe mucha impunidad. Así mismo Aponte asegura que en Venezuela se cae en la anomia cuando el ciudadano común desconoce las normas sociales y leyes, haciendo referencia que en el país actualmente el venezolano está en busca de cubrir primeramente sus necesidades y luego conocer lo que sucede.
De la Asamblea Nacional al Tribunal Supremo de Justicia
Este decreto como muchos otros debe pasar por la Asamblea Nacional (AN) en el cual se decida su validación y promulgación, sin embargo al enviarse este decreto la mayoría parlamentaria lo rechazó. Por lo tanto el Presidente acude a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que lo apruebe; a pesar que la sala no tiene esa potestad. Para el diputado al Consejo Legislativo del Estado Lara por el Partido Socialista Unido de Venezuela Johnny Narváez, “los parlamentarios opositores rechazaron el decreto antes de que se promulgara, sin derecho a debates ni a un dialogo”.
Narváez considera que el decreto es una protección por parte del Presidente de la República para todos los venezolanos; debido a que actualmente el país enfrenta amenazas por parte de extranjeros.
De igual manera el parlamentario asegura que con la situación que enfrenta el país la AN debió permitir un dialogo que resuelva la crisis, sin embargo afirma que el TSJ está en el derecho de validar el decreto, pues la Sala Constitucional es la encargada de revisar los contenidos legales que se promulgan en el país.
Desconocer el decreto
El Presidente de la república asegura que este decreto es usado para prevenir intervenciones militares o algún golpe de estado en su contra; sin embargo la oposición lo desconoce. El secretario Ejecutivo de Avanzada Progresista Juan Carlos Durán asegura “que este decreto entorpece las políticas democráticas, además que busca amparar y ocultar la grave situación que vive el país” Así mismo asegura, que el decreto no ayuda a solucionar la crisis tanto económica, social y política aumentando la desesperanza en la sociedad. Por lo que el sector opositor desconoce dicha resolución.
Sin embargo ¿qué plantea la oposición para resolver este tema? Durán afirma que a través de mecanismos constitucionales se busca la salida del gobierno; y manifiesta que con no pueden quitar los derechos de todos los venezolanos a través de decretos y leyes.
Por lo tanto aplicar un decreto de estado de excepción está contemplado en los artículos 337 y 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; así mismo podría renovarse en lo que queda del año 2016 y extenderse hasta 2017. De igual forma en un estado de excepción pueden ser restringidas temporalmente las garantías constitucionales, salvo las referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y demás derechos humanos intangibles.
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