El dueño de un bus que se incendió en mayo dejando 33 niños y un adulto muertos en una localidad en el norte de Colombia fue detenido en Venezuela, informó este viernes la Fiscalía colombiana, que tramita su deportación para que responda por el caso. AFP
El detenido, Alfredo Esquela, es requerido por la justicia colombiana ya que el bus de su propiedad circulaba de forma ilegal en la localidad de Fundación (norte), unos 80 kilómetros al sur de la ciudad caribeña de Santa Marta.
“La Fiscalía ha conocido por los canales diplomáticos que Alfredo Esquela ha sido capturado” en Venezuela, informó el director de Fiscalías, Luis González.
El responsable añadió que “la Fiscalía está haciendo los trámites de deportación para poder llevarlo a Santa Marta para hacerle la imputación de cargos que le tiene por los hechos sucedidos en Fundación”.
El pastor pentecostal Manuel Ibarra, que contrató el servicio de transporte para los infantes, y el conductor del bus Jaime Gutiérrez ya fueron acusados a mediados de agosto por el delito de “homicidio simple en la modalidad de dolo eventual” por este caso y se exponen a una condena de 60 años de cárcel, pena máxima en Colombia.
El pastor pentecostal Manuel Ibarra, que contrató el servicio de transporte para los infantes, y el conductor del bus Jaime Gutiérrez ya fueron acusados a mediados de agosto por el delito de “homicidio simple en la modalidad de dolo eventual” por este caso y se exponen a una condena de 60 años de cárcel, pena máxima en Colombia.
El accidente, ocurrido el 18 de mayo en Fundación, acabó con la vida de 33 niños que volvían de un servicio religioso dominical en el autobús conducido por Gutiérrez, a quien la Fiscalía le adjudica conducta dolosa por inyectar gasolina en el carburador del vehículo para intentar ponerlo en marcha después de que sufriera una avería.
Gutiérrez no tenía licencia de conducir, y el vehículo de transporte escolar, que llevaba más de 50 niños de entre tres y 12 años, circulaba con sobrecarga y de forma ilegal, pues no tenía el seguro obligatorio y su certificado de revisión mecánica estaba vencido.
Según la Fiscalía, hay suficientes pruebas que indican que el accidente pudo haberse evitado si hubieran cumplido con la reglamentación.
Una mujer que ayudó a salvar a varios niños durante el incendio, la educadora religiosa Rosiris Hernández, murió el 8 de agosto, convirtiéndose en la víctima mortal número 34 de la tragedia. Tenía más del 80% de su cuerpo quemado.
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